La factura del gas

Más de 200 personas asesinadas en Kazajistán y hasta 8.000 detenidos: es casi imposible seguirles la pista en las comisarías de policía y en las cárceles, puede que sean los próximos desaparecidos. Las noticias se superponen: a una protesta contra el encarecimiento del gas GPL se habrían combinado las disputas entre los clanes del poder, divididos en el reparto de la colosal renta de hidrocarburos, y por las convulsiones por el ocaso de treinta años de un régimen sucesor del capitalismo de Estado de la URSS. Sin embargo, una cosa es cierta: la protesta ha comenzado en Zhanaozen, centro de la industria petroquímica y de gas, donde hace justo diez años, en diciembre de 2011, una huelga por el salario y las condiciones de trabajo fue reprimida con sangre. Con decenas de víctimas y centenares de arrestos; hasta ayer la peor carnicería de obreros en lucha en la historia kazaja. 

Hoy, ya que las fuerzas especiales rusas han garantizado la vuelta al orden, reina el silencio. Kazajistán es un cofre minero de recursos de todo tipo; oleoductos y gasoductos lo vincuJan a Rusia, a Occidente y a China; en él invierten las mayores compañías mundiales, entre ellas Chevron, Exxon, Shell, BP, ENI y la china CNPC. Mientras que la atención está en el Oeste, con la crisis ucraniana, en Asia Central nadie ha querido rechazar realmente el papel de Moscú como gendarme regional. 

No es el único caso en el que gas y petróleo se casan con la razón de Estado para hacer caer un sudario de silencio sobre las peores atrocidades. En un año, informa el ISPI, de los 65.000 migrantes que han llegado a Italia, al menos 1.600 han muerto ahogados y 31.000 han sido interceptados y devueltos por la supuesta guardia costera en Libia. Aquí son sobre todo ENI, Total, Repsol y Shell los que se reparten el gas y el petróleo con los jefes de los clanes libios; mientras, miles de desesperados regresan a los campos de concentración de los que acababan de escapar. Son los desaparecidos del imperialismo italiano y europeo. Tengámoslo bien presente, cuando hervimos el agua para la pasta y la salsa se calienta en la sartén: la recuperación de la crisis pandémica ha hecho subir el precio del gas, pero entre los costes adicionales ocultos en las facturas están los obreros kazajos, tomados como blanco a la altura del pecho y los refugiados devueltos por la fuerza tras el alambre de púas de los campos libios. Socialismo o barbarie, escribía Rosa Luxemburg. La barbarie está aquí, se se introduce incluso por los fogones de la cocina. Luchar por el comunismo es la única manera de no acostumbrarse al horror.

El informe sobre la "Movilidad laboral intra UE 2020" brinda la oportunidad para profundizar sobre el conocimiento del obrero europeo. Los números hacen referencia a 2019, esto es, antes de la pandemia: sin duda ha incidido negativamente sobre esa movilidad, pero precisamente por esta razón los datos anteriores pueden ser más indicativos de las tendencias a largo plazo. Veamos.

Los números del obrero europeo 

Según Eurostat, son 17,9 millones los europeos que en 2019 viven en un Estado miembro de la UE-28 en 2019 (comprendido Reino Unido) del que no tienen la ciudadanía; 13 millones de ellos están en edad de trabajar. Las estimaciones incluidas en la investigación sobre la fuerza de trabajo (EU-LFS) son ligeramente cüversas: los ciudadanos entre 20 y 64 años trasladados son 11,9 millones, y 9,9 millones están ac­tivos. Esta última cifra representa el 4,2% del total de la fuerza de trabajo europea. 

A ellos hay que añadir 1,5 millones de transfronterizos ( «personas que residen en un país pero que trabajan en otro y que se desplazan regularmente a través de las {ronceras») y más de 3 millones de trabajadores desplazados («emplea­dos por un empresario que normalmente desarrolla sus actividades en un Estado miembro, enviado para trabajar durante un tiempo limitado»). 

Se llega así a una cifra algo inferior a los 15 millones de empleados: el 6% de toda la fuerza de trabajo continental. Por último, en aras de la exhaustividad, también deben considerarse las personas que se han trasladado a otro Estado y han adquirido su ciudadanía. 

El Tratado de Maastricht regula estos desplazamientos, que en 1992 «dio nueva vida», escribe el informe, a las normas sobre la libre circulación de las personas: en el anículo 3 se establece que todos los ciudadanos europeos y sus familias tienen, en principio, el derecho a residir libremente en la UE. 

Principios, tratados y realidad 

El concepto ha sido reiterado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. En el anículo 45 se indica «la abolición de toda discriminación por razones de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, en lo que respecta al empleo, la retribución y las demás condiciones laborales».

Se retoma también el Reglamento de 1968, donde la prohibición de discriminación también concierne a las ventajas sociales y fiscales (entre ellas, los subsidios al despido, a la natalidad y la enfermedad), el derecho a la formación profesional y «todas las cláusulas de convenios colectivos o individuales». Hasta la «paridad de condiciones en lo que respecta a la afiliación a organizaciones sindicales y el ejercicio de los derechos sindicales, incluida la elegibi­lidad en los órganos de representación de los trabajadores en las empresas». 

Hay que señalar que todos estos_"derechos" se aplican inmediatamente a los ciudadanos europeos, y no a los de "terce­ros Estados", es decir, a los inmigrantes extra-UE, para los que es necesario soli­citar un permiso de trabajo a las «autoridades competentes». La unidad legal de los trabajadores europeos va de la mano con la escisión, igualmente legal, de todos los demás trabajadores inmigrantes en el Viejo Continente. 

Un documento elaborado por la Confederación Europea de Sindkatos (CES) en 2011 señala, no obstante, que el marco regulador también es complejo y variable para los ciudadanos europeos: el «principio» de la libre circulación y la empleabilidad se concretan en legislaciones y normativas nacionales a menudo diferentes entre sí. El objetivo es el de «coordinar» diferentes cuadros normativos, lo que no conduce a una «armonización y/o uniformización». 

Una circulación de fuerza de trabajo 

Volviendo a los datos del informe 2020, existen dos consideraciones. La primera es que, como ya se ha dicho, se incluye al Reino Unido, donde se trasladan 2,6 millones de ciudadanos europeos en edad de trabajar. Hoy, sin embargo, todos ellos están fuera de la UE, por lo que algunas normas ya no se aplican. Esto da también una medida del daño a la unidad de clase producida por la "tirada de dados" que, con el referéndum de 2016, comenzó su salida de la Unión. Precisamente desde 2016, la movilidad hacia Reino Unido ha empezado a disminuir. 

La segunda consideración concierne a los "retornos". Cada año, además del flujo de traslado de un Estado a otro, también hay uno de retorno, calculado por término medio en torno a los dos tercios del primero. Esto nos lleva a pensar que la circulación europea de la fuerza de trabajo puede haber acumulado, a lo largo del tiempo, algunas decenas de millones de desplazamientos. 

  

Del informe también emergen las directrices de estos flujos. Dicho lo de Reino Unido, por lo demás, los objetivos de los traslados son sobre todo Alemania (3,3 millones), España (l,4), Italia (1,2) y Francia (970 mil). Si para Alemania es un dato obvio, la posición de España e Italia, frente a Francia, hace reflexionar sobre el cambio social que se está produciendo también en estos países. 

Por otra parte, el hecho de que el flujo no sea unidireccional es confirmado por los datos de los países de origen: después de Rumanía y Polonia, está Italia, seguida de Portugal y Bulgaria. De estos cinco países vienen más de la mitad de los trabajadores desplazados. 

El obrero europeo del siglo XXI 

Los ámbitos de aplicación merecen también alguna reflexión. Mientras tanto, hay que señalar que a la cabeza está la manufactura con el 15%, por lo que una mayor parte de los trabajadores está en la industria. A este sector le siguen el comercio (12%), la construcción (11 %), la vivienda y la restauración (10%). Ade­más, en la clasificación de las tareas, el 18% se indican como professional y el 19% como elementales. 

Aquí llegamos al nivel educativo de este obrero europeo del siglo XXI: para el 34% se define como elevado, una cuota creciente de 4 puntos desde 2011; menos de un cuarto es de nivel bajo, y aquí hay una disminución de 4 puntos; el resto es de nivel medio. Hay que decir que existe también un grado nada despreciable de "sobrecualificación": un tercio de estos trabajadores desempeña tareas inferiores a su cualificación.

Se trata, sin embargo, de la fotografía de un mercado de la fuerza de trabajo continental que involucra a codas las estratificaciones de clase, y es una confirmación de un cambio social que distingue al asalariado europeo migrante de hoy del de los años Cincuenta-Sesenta. 

Este fenómeno también implica la adaptación del sistema educativo. Se conoce como el Plan Bolonia porque se inició en la ciudad de Emilia en 1999 y pretende crear un Espacio Europeo de la Educación Superior. Más allá de la movilidad de los estudiantes (aquí se origina el programa Erasmus), el objetivo es garantizar el reconocimiento de los títulos de estudio en coda la UE, con el fin de permitir la circulación continental de la mano de obra cualificada. Sin embargo, es ilusorio que esto sea suficiente para colmar los huecos creados por la falta de mano de obra, ya que nos enfrentamos a problemas demográficos que afectan a todo el continente. 

Competición por los técnicos 

A este respecto, el informe evidencia otro dato: el 75% de los que se desplazan tienen menos de 35 años. Por un lado, esto confirma lo dicho sobre los niveles de cualificación, ya que los grupos más jóvenes son también los más cualificados. Pero, por otro lado, arroja una luz sombría sobre las perspectivas, porque el invierno demográfico incidirá (y, de hecho, ya incide) precisamente reduciendo estas franjas.