Más de 200 personas asesinadas en Kazajistán y hasta 8.000 detenidos: es casi imposible seguirles la pista en las comisarías de policía y en las cárceles, puede que sean los próximos desaparecidos. Las noticias se superponen: a una protesta contra el encarecimiento del gas GPL se habrían combinado las disputas entre los clanes del poder, divididos en el reparto de la colosal renta de hidrocarburos, y por las convulsiones por el ocaso de treinta años de un régimen sucesor del capitalismo de Estado de la URSS. Sin embargo, una cosa es cierta: la protesta ha comenzado en Zhanaozen, centro de la industria petroquímica y de gas, donde hace justo diez años, en diciembre de 2011, una huelga por el salario y las condiciones de trabajo fue reprimida con sangre. Con decenas de víctimas y centenares de arrestos; hasta ayer la peor carnicería de obreros en lucha en la historia kazaja.
Hoy, ya que las fuerzas especiales rusas han garantizado la vuelta al orden, reina el silencio. Kazajistán es un cofre minero de recursos de todo tipo; oleoductos y gasoductos lo vincuJan a Rusia, a Occidente y a China; en él invierten las mayores compañías mundiales, entre ellas Chevron, Exxon, Shell, BP, ENI y la china CNPC. Mientras que la atención está en el Oeste, con la crisis ucraniana, en Asia Central nadie ha querido rechazar realmente el papel de Moscú como gendarme regional.
No es el único caso en el que gas y petróleo se casan con la razón de Estado para hacer caer un sudario de silencio sobre las peores atrocidades. En un año, informa el ISPI, de los 65.000 migrantes que han llegado a Italia, al menos 1.600 han muerto ahogados y 31.000 han sido interceptados y devueltos por la supuesta guardia costera en Libia. Aquí son sobre todo ENI, Total, Repsol y Shell los que se reparten el gas y el petróleo con los jefes de los clanes libios; mientras, miles de desesperados regresan a los campos de concentración de los que acababan de escapar. Son los desaparecidos del imperialismo italiano y europeo. Tengámoslo bien presente, cuando hervimos el agua para la pasta y la salsa se calienta en la sartén: la recuperación de la crisis pandémica ha hecho subir el precio del gas, pero entre los costes adicionales ocultos en las facturas están los obreros kazajos, tomados como blanco a la altura del pecho y los refugiados devueltos por la fuerza tras el alambre de púas de los campos libios. Socialismo o barbarie, escribía Rosa Luxemburg. La barbarie está aquí, se se introduce incluso por los fogones de la cocina. Luchar por el comunismo es la única manera de no acostumbrarse al horror.
El informe sobre la "Movilidad laboral intra UE 2020" brinda la oportunidad para profundizar sobre el conocimiento del obrero europeo. Los números hacen referencia a 2019, esto es, antes de la pandemia: sin duda ha incidido negativamente sobre esa movilidad, pero precisamente por esta razón los datos anteriores pueden ser más indicativos de las tendencias a largo plazo. Veamos.
Los números del obrero europeo
Según Eurostat, son 17,9 millones los europeos que en 2019 viven en un Estado miembro de la UE-28 en 2019 (comprendido Reino Unido) del que no tienen la ciudadanía; 13 millones de ellos están en edad de trabajar. Las estimaciones incluidas en la investigación sobre la fuerza de trabajo (EU-LFS) son ligeramente cüversas: los ciudadanos entre 20 y 64 años trasladados son 11,9 millones, y 9,9 millones están activos. Esta última cifra representa el 4,2% del total de la fuerza de trabajo europea.
A ellos hay que añadir 1,5 millones de transfronterizos ( «personas que residen en un país pero que trabajan en otro y que se desplazan regularmente a través de las {ronceras») y más de 3 millones de trabajadores desplazados («empleados por un empresario que normalmente desarrolla sus actividades en un Estado miembro, enviado para trabajar durante un tiempo limitado»).
Se llega así a una cifra algo inferior a los 15 millones de empleados: el 6% de toda la fuerza de trabajo continental. Por último, en aras de la exhaustividad, también deben considerarse las personas que se han trasladado a otro Estado y han adquirido su ciudadanía.
El Tratado de Maastricht regula estos desplazamientos, que en 1992 «dio nueva vida», escribe el informe, a las normas sobre la libre circulación de las personas: en el anículo 3 se establece que todos los ciudadanos europeos y sus familias tienen, en principio, el derecho a residir libremente en la UE.
Principios, tratados y realidad
El concepto ha sido reiterado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. En el anículo 45 se indica «la abolición de toda discriminación por razones de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, en lo que respecta al empleo, la retribución y las demás condiciones laborales».
