El europeísmo pasivo en Madrid

Bruselas observa con tanto respeto como frustración la incapacidad de España para superar una crisis política que agita al país desde hace más de un lustro y ha golpeado la credibilidad de España en unas instituciones comunitarias que contaban con la cuarta economía de la zona euro». Lo escribía en septiembre Bernardo de Miguel, corresponsal de El País en Bruselas. 
La investidura de la Comisión Van der Leyen, en la cual el socialista Pedro 
Sánchez ha tomado parte, ha incluido el nombramiento del catalán Josep Borrell (Pobla de Segura, 1947) que ha asumido el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, además de una de las vicepresidencias. Celebrando este hecho, la Vanguardia augura que el «deseo de relánzar la UE» llegue a coincidir «con el final dé la transitoriedad gubernamental en España, que no debería perder el tiempo para aprovechar su cuota de liderazgo».

Españoles en Bruselas

Además de Borrell, otras personali­dades del partido europeo español están presentes en las instituciones europeas: Luis de Guindos (Madrid, 1960), ex Ministro de Economía con Mariano Rajoy, en la actualidad vicepresidente del BCE; el asturiano José Manuel Campa Femández (Oviedo, 1964), ex Secretario de Estado de Economía con Zapatero, desde mayo presidente de la Autoridad Bancaria Europea; la vasca lratxe García Pérez (Baracaldo, 1974), jefa del grupo de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo. 
Hay más. España recientemente ha puesto a disposición Madrid para la cumbre sobre el clima de la ONU, la COP25. Si bien ha sido un «fracaso» en sus conclusiones, muchos han destacado el éxito organizativo y mediático de la capital. Un escaparate del que se ha aprovechado también la presidenta de la Comisión Von der Leyen, para anunciar la ley de transición climática y el nuevo Green Deal. 
Todo esto no despeja por completo las dudas sobre el europeísmo pasivo de Madrid.
Cabe señalar que el interés español por el "Pacto Verde", el Green Deal, tiene mucho que ver con el Fondo de Transición Justa que en las palabras de Frans Timmermans, en una entrevista con El País, «debe ser una expresión de la solidaridad europea». Timmermans intenta asegurar a aquellas regiones más expuestas a la reestructuración verde: «¿Medidas drásticas, como prohibir el uso de coches diésel? Hay que ser realistas. Tendríamos una revuelta de los chalecos amarillos».   


Respecto a la "descarbonificación" en el sentido más estricto, vinculada al uso energético del carbón fósil, España no está tan expuesta como otros países como Polonia o Alemania (7 mil empleados en sector frente a más de 100 mil y 35 mil, respectivamente), pero en la fragmentación del Congreso de Madrid pesan las ansiedades de los estratos intermedios en las provincias "perdedoras en la globalización". Estas son las zonas periféricas conocidas como la España Vacía, donde radican los potenciales chalecos "rurales", como en el caso de Teruel, Cuenca o Soria, o los chalecos "carboníferos", como en Asturias, temerosos tanto por los efectos del "Pacto Verde" como por el capítulo agroalimentario del acuerdo de libre­cambio UE-Mercosur. 

Madrid y las Comunidades Autónomas

En este sentido se puede leer el interés de Madrid por mantener conspicuas las voces del balance de la UE, particularmente en los frentes de la Política Agrícola Com.ún (PAC) y de la "cohesión territorial", y para orientar la distribución de estos fondos. Flujos de gasto que negociar con Bruselas, obviamente bajo la "condicionalidad" que conlleva el vínculo europeo.
Si bien es verdad que los empujes regionales condicionan a Madrid, y por lo tanto interfieren en la dialéctica de los poderes europeos, es verdad también lo contrario, es decir, que el vínculo de Bruselas actúa en las periferias españolas directa o indirectamente por medio de Madrid. Pues el Green Deal, percibido en algunos ámbitos como amenaza, puede declinarse como oferta de protección, en la forma de subsidios y flujos de gasto. 
Luis Enrique Otero, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que la PAC, a la cual se aferran tanto el gobierno como la oposición, introdujo medidas para tutelar aquellos países de la CEE que temían el «impacto negativo» que suponía el ingreso de España en la Comunidad Europea, principalmente por la competencia de la producción española en el sector agroindustrial (Historia de España del siglo XX, 1936-1996, AA.VV., Ed. Cátedra 2007). 
Se asoma una doble paradoja en el cuadrángulo UE-Madrid Comunidades Barcelona. Por una parte, no se encuentra todavía una colocación para Cataluña, que representa una quinta parte del PIB español, es decir, a la par con Madrid. Entre Barcelona y Madrid, reflexiona el director adjunto de La Vanguardia Enrie Juliana, la capital gana «claramente en términos políticos». Por otra parte, como señala Alfons García en Levante, desde 1990 el PIB a precios constantes ha crecido en España en ún 77%, en Cataluña en un 79% pero en Madrid en un 108%. Deducimos que Madrid en este periodo ha concentrado 3,5 puntos más de PIB sobre el total nacional y, añadimos, casi 1,5 puntos de población. Mientras la capital aumentaba su fuerza objetiva, económica y demográfica, las fuerzas sociales de la periferia entraban en oscilación. 
Otro frente abierto en este sentido es el de las infraestructuras, con un peso relevante del sector transportes. 

Un tren para Europa 
Desde varias partes se pide al gobier­no implementar o acelerar la construc­ción o las mejoras de la red ferroviaria, 

ABSTENCIONISMO DE CLASE

Observando las rentas medias de las familias y las tasas de abstención en Valencia, es patente que la abstención crece en los barrios obreros, en relación inversa con las rentas. 
El voto populista y xenófobo de Vox por el contrario crece con las rentas y disminuye en los barrios con rentas más bajas, los que, además, alojan el mayor número de migrantes. El mismo fenómeno se repite en Barcelona, Madrid y en las grandes ciudades. 
La ideología dominante es la de la clase dominante: por eso no nos hacemos ilusiones sobre la influencia en nuestra clase de las variantes más reaccionarias del mito burgués. Queda el hecho que la abstención es el primer partido entre los asalariados, y que la tesis de moda que vincula el voto populista con las periferias del malestar social es, como mínimo, una grosera deformación. El abstencionismo de clase queda un punto de partida de la conciencia revolucionaria.

en particular la extensión del AVE. Lo reclama desde el extremo Noroeste Galicia; también en el Norte los vascos y los cántabros para conectarse con Europa y con el Mediterráneo. Son líneas que interesan también a Castilla y León, mientras Zaragoza reclama mejor conexión con los puertos del Mediterráneo y en el medio Teruel aspira a ser una estación en esta línea. Valencia espera el corredor mediterráneo para Europa a través de Cataluña que se extendería, pasando por Murcia, hasta Andalucía. Hasta en las Islas Baleares se pide la construcción de una nueva línea. de trenes definidos «transporte sostenible». 

Un plan de inversiones en infraes­tructuras, comprendidos transportes marítimo, aéreo y vial, para engancharse a la locomotora europea podría ser una oferta atractiva para las áreas pe­riféricas, y no solo éstas. La liberalización del sector de la "alta velocidad" en España, a final de 2020, abre al ingreso de la francesa SNCF y de Trenitalia por medio del consorcio ILSA, esta última a partir de 2022. RENFE, por el contrario, por ahora todavía «estudia» la posibilidad de entrar en los mercados de Italia y Francia.

Gradaciones reformistas 

Los españoles también siguen con atención el pulso por la reforma de las pensiones en París. En su columna diaria el director de La Vanguardia Marius Carol habla del programa reformista «para hacer sostenible un Estado que cada vez consume más recursos, ingresando menos. Macron intenta introducir racionalidad» en el sistema de pensiones. Se puede interpretar como un mensaje para el gobierno español, que, al mismo tiempo, ha empezado a expresar cautela con respecto a las subidas del 0,9% de las pensiones previstos para el 2020. 
Las negociaciones para una nueva coalición "mitterandista", todavía incierta en el momento en el que escribimos, según Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronál catalana Foment de Treball, tiene límites que son dictados por el propio vínculo exterior europeo: «con Podemos o sin Podemos» los presupuestos «estarán muy controlados por Europa y habrá pocos márgenes de maniobra».

Este es un tema central en la discusión alrededor de la investidura del gobierno, junto con las controvertidas negociaciones con los catalanes. El debate ha arrollado a todas las fuerzas políticas e instituciones, alcanzando tonos tan ásperos hasta el punto que el gallego Fernando Onega, director de la Oficina de Prensa del Gobierno de Adolfo Suárez, poco sospechoso de ser un simpatizante del potencial nuevo gobierno, se ha destacado de la multitud y ha criticado a aquellos periodistas y viejos exponentes del establishment, también del PSOE, que «anuncian el apocalipsis» por una coalición desequilibrada en la izquierda. Por el contrario, muchos, como el propio Juliana de La Vanguardia, han señalado que el "converso" Pablo Iglesias «lee versículos de la Constitución y promete una coalición disciplinada». El transformismo español está en marcha.