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Personas y misiles

Weaponize» es el nuevo término signo de los tiempos. Es la guerra llevada a cabo con otros medios; significa transformar algo, o a alguien, en un arma. Vale para la llamada geoeconomía: las monedas, las relaciones comerciales, las finanzas, la energía, las materias primas, las nuevas tecnologías digitales empuñadas como armas, en la contienda de potencia donde el viejo orden está en crisis. Vale también para los seres humanos, desde siempre en las guerras mandados a la masacre como carne de cañón o hechos trizas en los bombardeos, ahora empuñados también como arma de presión, con el uso de los flujos migratorios como una amenaza. Es lo que está ocurriendo entre Bielorrusia y Polonia: miles de hombres, mujeres y niños dejados sobre la línea de la frontera atenazados por el frío, por la sed o por el hambre, empujados por Minsk contra la Unión Europea mientras que Bruselas balbucea y Varsovia rodea de alambre de espino su nacionalismo. 
Los coros de indignación contra el régimen bielorruso no nos encandilan, pues suenan a hipocresía. Desde hace muchos años en la frontera Sur del Mediterráneo las vidas humanas son objeto de un mercado igual de obsceno: solo que nos hemos acostumbrado. Europa ha contratado a Turquía, a los clanes tribales en Libia o a los regímenes del Magreb la gestión externa de sus fronteras; de tanto en tanto se negocia el precio amenazando con dar via libre a las pateras. 
Luego están las armas reales, misiles, antimisiles, bombarderos y portaaviones. China se prepara para jugar al mismo nivel que los Estados Unidos, y esto también es un signo de los tiempos que marcan el regreso a las doctrinas de disuasión nuclear, que se discuta de primer y segundo impacto atómico y se razone sobre la capacidad de aniquilar ciudades enteras para mantener en pie el equilibrio del terror. La guerra y la guerra con otros medios son la nueva norma; un mundo en el que hombres, mujeres y niños pueden ser dejados ahogarse o morir congelados por un pulso diplomático, y donde un conflicto entre grandes potencias está nuevamente en el orden de las posibilidades. ¿De verdad podemos aceptarlo? ¿Realmente es el futuro que queremos? Organizar la lucha por una sociedad comunista, luchar por una conciencia internacionalista es el único camino posible para no acostumbrarse a la barbarie. 

Una investigación de la Fundación Di Vittorio (FDV) de la CGIL sobre datos del Eurostat ofrece una estimación del efecto ocasionado por la pandemia sobre los salarios en Italia, en comparación con los de la Eurozona. Presentamos algunos números para encuadrar el problema. 

Los salarios del Covid 

La masa salarial - es decir, el total de la masa salarial nacional - en 2020 ha disminuido en Italia un 7,2%, frente a una media europea del -2,4%. Las pérdidas italianas son comparables a las españolas, pero muy superiores al 4,0% de Francia y sobre todo al 0, 7% de Alemania. En esta clasificación, Holanda está en contra tendencia, señalando un +3,4%.
A estos recortes salariales han compensado en parte las integraciones de los amortiguadores sociales, como la cassa integrazione en Italia, pero solo parcialmente: en la Península Itálica la caída se ha producido al 3,9%, en cualquier caso, mucho peor todavía que los niveles europeos. 
Otro dato hace referencia al salario de un trabajador a tiempo completo. Aquí, la media italiana de 27.900 euros en 2020 está en disminución en un 5,8% respecto al año anterior, pero sobre todo se aleja mucho de los 38.100 euros en Francia, los 43.000 en Alemania, por no hablar de los 52.500 en Holanda. Solo España, con 26.500 euros, es inferior a Italia entre los grandes países.
Por lo tanto, los salarios italianos son deficitarios de más de 10 mil euros respecto a los franceses, a su vez atrasados unos 5 mil respecto a los alemanes y de unos 10 mil respecto a los holandeses. 
En estos números se refleja obviamente una dinámica de largo plazo, que la pandemia solo ha agravado. Continuando con la investigación, la FDV reconstruye, en base a los datos de la OCDE, los veinte años prepandémicos de 2000 a 2019. Frente a un aumento mínimo de los salarios brutos anuales en Italia del 3,9%, existen valores mucho mayores en Alemania (+18,4%) y en Francia (+21,4%). 
Aún más interesante es seguir el recorrido de esta dinámica salarial. El retraso italiano comienza a crecer tras la crisis de 2008-2010, cuando en Francia y en Alemania las retribuciones vuelven a aumentar mientras que en Italia se estancan. El resultado: de 2010 a 2019 el salario alemán aumenta casi 5.500 euros, mientras que el italiano disminuye 600. 

Una cuestión salarial sin resolver 

Aquí se encuadra el problema de una cuestión salarial que en Italia es arrastrada con el tiempo y que cada crisis tiende a agravar. Según Claudo Lucifora, docente de Economía del Trabajo en la Universidad Católica de Milán, la causa es investigada durante unos treinta años marcados por el descenso de lo que se define como «productividad total de los factores». Se incluyen «las inversiones en capital humano, en tecnología, la dimensión de las empresas, la apertura de los mercados y la ineficiencia de la burocracia». (Affari & Finanza, 4 de octubre).  
Los salarios italianos todavía se ven obligados a rendir cuentas con un retraso de largo plazo del capitalismo local, y con las dificultades que este afronta en las reestructuraciones impuestas por cada crisis. Pero lo que también pesa es el estrabismo de los sindicatos que, en vez de afrontar directamente la cuestión salarial, siempre están listos a perseguir cualquier mesa ministerial, para luego quizás lamentarse de que éstas son solo una fachada. «No puedes convocar a los sindicatos dos días antes del consejo de ministros para decir qué es lo que has decidido, sin dar espacio a la discusión»: de esta forma Mauricio Landini ha sermoneado al presidente del consejo (La Stampa, 6 de noviembre), fingiendo no conocer el "método Draghi", comisario europeo de facto. Un encuentro más o menos no va a cambiar esta regla.
Existe otro dato que atestigua el retraso de productividad del sistema italiano, el de las horas laborales de media durante el año por trabajador entre 2000 y 2019 (FDV): las 1.583 del asalariado italiano son muy superiores a las 1.334 de su homólogo alemán. En síntesis, en la media del periodo, el italiano trabaja 250 horas más por 12.400 euros menos.

Gobierno mal llamado socialista

Estamos ante el mayor atraco llevado a cabo por un gobierno mal llamado socialista para nuestra clase, su ejecutor el señor Escrivá, no tiene ningún escrúpulo en llevar a nuestra clase a la desesperación y la indigencia. Este señor merecería lo mismo, por no decir otra cosa.  Os envío lo que pretende.

Nuevamente la reforma propuesta por Escrivá prevé ‘ahorros’ en el Sistema de Pensiones Públicas, pero no aumento de los ingresos. El ministro, siguiendo la senda marcada por todas las reformas auspiciadas por el pacto de Toledo intenta retrasar la edad de jubilación efectiva, que en el año 2020 fue ya de 64,5 años. La edad legal de jubilación en el año 2021 es de 66 años y la anticipada voluntaria de 64 años. El ministerio que dirige Escrivá pretende penalizar la jubilación anticipada para los grupos que la soliciten entre 21 y 24 meses de anticipación y entre 1 y 3 meses de anticipación (ver coeficientes reductores propuestos). Asimismo, apuesta, en un contexto insoportable de paro juvenil (41,7 % entre los 15 y 24 años), por alargar la jubilación voluntaria mediante incentivos por cada año de retraso. En ambos casos el objetivo es ahorrar para el sistema el pago de las pensiones durante un periodo de tiempo (el grueso del ahorro) y continuar durante el mismo periodo los ingresos las cotizaciones (cantidad mucho más modesta).

REMITIMOS COMUNICADO ELABORADO POR LA COMISIÓN LEGAL  ESTATAL DE COESPE SOBRE LOS PACTOS ENTRE EL GOBIERNO, EMPRESARIOS Y CÚPULAS SINDICALES.

  1. Anticipadas


              Retrasadas

  2. Con menos de 38 y seis meses cotizados. La mayoría.



  3. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

    Para el primer caso (anticipadas), es evidente que la medida persigue retrasar al menos dos meses la solicitud de pensiones anticipadas para los que pensaban jubilarse con dos años

165 y 63 años si se han cotizado 37 años y tres meses.

2Fuente: OCDE

menos, puesto que quien ya tenía pensado retrasarlas a un periodo menor incluso podría ganar con el cambio (poco) al sufrir una menor reducción. Para ver la repercusión para quienes decidan retrasar de 24 a 22 meses su jubilación anticipada para no verse perjudicados hay que hacer algunos cálculos cuyo resumen es el siguiente:



Fuente: Cálculos propios a partir de coeficientes reductores y esperanza de vida para una pensión media pre- vista de 1.200€ sin coeficientes reductores

  1. 1) Pensión x meses de cobro – cotizaciones aportadas y meses no cobrados

  2. 2) Saldo a favor o en contra en el sistema si el/la trabajador/a alcanza la esperanza de vida media


Es decir, si un/a trabajador/a tenía pensado jubilarse anticipadamente con 24 meses de antelación y a partir de la reforma Escrivà lo hace con 22 meses, el Sistema se habrá ahorrado casi 10.000€ (14.700 – 3.888) como media por cada trabajador que lo haga. A cambio el trabajador habrá trabajado 2 meses más y recibirá 16 euros más de pensión al mes. La intención de la propuesta es evidente.


Pero, en España el porcentaje de pensiones contributivas anticipadas voluntarias es del 13,61%, esto es, de 835.216. De ellas, al menos el 33% son superiores a los 2.100€ mensuales, es decir provienen de cotizaciones altas y, presumiblemente con 24 meses de

3Ganar, muy poco, en la cantidad global que cobrará si vive hasta los 82,5 años de vida, pero a cambio de disfrutar menos tiempo de su jubilación.

4. Fuente: Cinco Días 26-11-2019.

5Datos Instituto Nacional de la S/S a 1 de marzo de 2021 y Documento comparecencia Escrivà. antelación. En este supuesto el ahorro en su conjunto del Sistema es de 637 millones de € en dos años y de 2.980 millones en 17,5 años (hasta alcanzar la esperanza de vida media)


Observatorio de España

Next Genetatión EU Y urnas ibéricas

En julio reflexionábamos sobre los efectos políticos de la respuesta europea a la pandemia secular de Covid-19, in primis el plan de transferencias y préstamos de 750 mil millones de euros denominado Next Generation (Ng-Eu), de los que 140 mil millones están des­tinados para España. Observamos «señales de recolocación política» en las elecciones regionales en Galicia y en el País Vasco. 
Entonces valorarnos que, a pesar de la dureza y la complejidad de la crisis, para Madrid era posible la «prospectiva» de un segundo tiempo del nuevo ciclo político, cuyos puntos de fuga habrían sido el plan de recuperación y las reformas estructurales vinculadas al Ng-Eu y, como en el caso italiano, incluso la plena adhesión política a la agenda de la UE. 
En este sentido, las elecciones para la presidencia de la República de Portugal del 24 de enero, y las regionales de Cataluña del 14 de febrero, incorporan dos test para medir los reflejos políticos de la primera fase de la crisis pandémica en el Sur de Europa, y de su gestión por parte de los gobiernos.

Presidenciales en Portugal

Portugal, con 10,3 millones de habitantes y un PIB comparable al de una gran región española como Madrid o Cataluña, ha asumido a partir del 1 de enero la presidencia rotativa del Consejo UE. En Lisboa, el presidente de la República es un cargo que goza de amplias prerrogativas, incluida la de decretar el "estado de emergencia", como en el caso de la crisis pandémica; su elección es por voto directo con posibilidad de segunda vuelta. 
El presidente de centroderecha Marcelo Rebelo de Sousa, del partido Social Demócrata (PSD), ha sido confirmado en la primera vuelta con el 60% de los votos, cien mil más que en 2016. Esto se atribuye, más que a la personalidad y al carisma del presidente, al que todos simplemente llaman "Marcelo", también a su acuerdo con el jefe del gobierno António Costa, del Partido Socialista (PS), y a la buena relación de éste con el PSD, que también es el principal partido de oposición en el parlamento. La colaboración del denominado Bloca Central, en el desafío generado por el coronavirus, es destacada en comparación con los meses de trágicas puestas en escena en Madrid. 
En la campaña electoral el PS incluso ha apoyado la candidatura de Rebelo de Sousa, hasta el punto que la antigua eurodiputada Ana Comes ha recurrido al apoyo de dos partidos de la izquierda ecologista, permaneciendo como segunda con apenas el 13% de los votos válidos. 
La elección de costa confirma el cambio de signo de su gobierno; en 2019, dando un giro centrista, ha abandonado los viejos socios externos, el Bloca de Esquerda (equivalente de Podemos) y el PC portugués, es decir, la coalición de la Geringonca, cuya traducción se aproximaría a "artilugio", con el que había estado pedaleando durante toda la legislatura anterior. 

¡Llega Chega! 

Sin embargo, también en virtud de sus dimensiones reducidas, Portugal ha gozado de mayor estabilidad política respecto a España, al no registrar empujes centrífugos comparables a los encarnados por el independentismo catalán o por el leghismo del Norte de Italia. Pero los estratos que se consideran 
"perdedores de la globalización", golpeados por una segunda crisis en diez años, también han vuelto a expresar su jacquerie en las urnas, con el nuevo protagonismo del partido de extrema derecha Chega!. Al obtener el tercer puesto con medio millón de votos, el 12% de los expresados, pone fin a la «excepción portuguesa». 
Chega significa "basta" y también "llega", como el término genovés cega con el que comparte el origen del latín plicare, en referencia al gesto de plegar las velas cuando termina el trabajo de los marineros. El partido homónimo nace como movimiento dentro del PSD, con una génesis muy similar a la de Vox en España, a la que se unen los tonos marcadamente racistas y xenófobos, pero no solo eso. 
Su líder André Ventura (Algueirao, región de Lisboa, 1983) ha considerado como «histórico» el resultado porque «reconfigura la derecha en Portugal». En la Voz de Galicia el escritor Miguel-Anxo Murado recuerda que Lisboa, antes de la aparición de Chega!, «ni siquiera tenía una derecha debido a la cultura política heredada de la revolución de los claveles de 1974». En aquel momento la transición a la democracia, desencadenada por la crisis de las guerras de descolonización de Angola y Mozambique, y por la urgente necesidad de adaptarse al vínculo europeo, asoció el término «derecha» a la anterior dictadura (1926-1974) comenzada con António de Oliveira Salazar (Vimieiro, 1889 - Lisboa, 1970). De hecho «el Partido Social Democrata que ha ganado las presidenciales en realidad es de centroderecha, mientras que el Centro Democrático Social que apoyaba igualmente la candidatura de Rebelo de Sousa es, a pesar del nombre, un partido conservador de derechas». 
Es muy pronto para valorar cómo incidirá el nuevo actor en la política lusa, pero Ventura ya en 2019, entró en parlamento como único representante del partido que se define «antisistema», detrás de las cámaras aseguró a El País que no habrá un «Portugalexit» y de estar más bien «a favor de una Europa fuerte y un ejercito común europeo muy fuerte». Una posición probablemente reforzada por la prospectiva de Lisboa de recibir 26 millones del Ng-Eu, más del 12% de su PIB, y en proporciones similares a los fondos asignados a Madrid. 

El ombligo catalán 

Por el contrario, no solo el prolonga­do «clima de notable estabilidad por­tugués», como lo define El País, hace resaltar los desequilibrios españoles, sino que también la recomposición de la crisis romana vuelve a encender la atención europea sobre Madrid, mientras que el calendario electoral la lleva de nuevo a observar a su ombligo catalán, en el que desde hace diez años acumula los peores escombros políticos de sus crisis. 
Esta vez el Partido Socialista de Catalunya, la federación local del PSOE, ha quedado el primero, presentando como candidato al ministro de Sanidad, el católico Salvador llla. El «ministro tranquilo» ha ganado esencialmente el plebiscito sobre la gestión de la crisis sanitaria: el suyo es el único gran partido que gana votos respecto a 2017. 
Por otra parte, Los Comunes (EPC­PEC), la marca local de Podemos, aunque mantiene sus 8 escaños, pierde el 40% de los votos. 
De la misma forma la línea del PP de Pablo Casado mantener alta la tensión con el gobierno para competir con la extrema derecha de Vox es castigada y, también debido a los escándalos de corrupción acumulados, tampoco consigue aprovechar el espectacular colapso de Ciudadanos (Cs). Vox pone fin a la «excepción catalana», convirtiendo se en líder local de la derecha española; sin embargo, ésta en su conjunto se ve fuertemente reducida. 
Finalmente, los independentistas, a pesar de las escisiones y divisiones internas, celebran la "victoria" de su bloque: en su conjunto pierden un tercio de votos, pero ganan 4 escaños. Superan el umbral del 50% de los sufragios, pero, tal y como sostiene el director adjunto de La Vanguardia Enrie Juliana, solo sumando el «independentismo light» de los restos del PDECat. Su peso sobre el electorado sin embargo desciende del 37 al 27%: entre separatistas y unionistas, gran parte ha preferido la abstención, que se ha redoblado (48%). Queda por desenredar el nudo de la composición del nuevo Govern y del efecto que tendrá sobre Madrid. Esquerra Republicana (ERC), que ha ganado la batalla interna en el bloque independentista, a comienzos de campaña se ha desvinculado de la geometría variable de Pedro Sánchez, votando sobre la governance de los fondos Ng-Eu, junto a JxCat (derecha catalana), PP y Cs. Una ley que ha pasado con el Sí de los vascos de Bildu y la benévola abstención de Vox. 
Aunque el 9 de febrero en el Europarlamento, lejos del teatro de la campaña electoral, se realineaban casi todos sobre el Sí, a excepción de Vox y Bildu que se abstenían. Fuera de la tragicomedia nacional en España, los actores políticos ibéricos en presencia de los fondos Ng-Eu se ven empujados al realismo. 

"Geometrías variables" del gobierno de Sánchez


Observatorio de España

En el campo de fuerzas creado por la crisis del Covid-19,era inevitable que la turbulenta dialéctica entre el centro y la periferia, una constante en la historia española, produjera repercusiones en el gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de poner a prueba los equilibrios difíciles de la coalición entre los socialistas (PSOE) y la izquierda maximalista de Unidas Podemos (UP). 
La Constitución posfranquista del 1978 dio vida, en un proceso no lineal y desigual en el espacio y en el tiempo, al Estado autonómico, una forma de federalismo imperfecto. Las regiones, elevándose al rango de comunidad autónoma adquirieron prerrogativas fiscales, legislativas y cada vez más competencias, entre ellas, la sanidad.
El "estado de alarma", en vigor desde mitad de marzo, amplificó la fuerza del Ejecutivo central, pero atrayendo hacia si toda la responsabilidad de la crisis sanitaria. Paralelamente, los polos de poder descentralizado, lejos de ser cómplices, se han convertido en el principal instrumento a disposición de las versiones locales del partido del PIB, que en España también empuja por una salida más rápida del lockdown, no obstante, ya se ha reanudado una parte de las actividades no esenciales.

Pequeño y gran PIB 

Financial Times, al destacar que el «draconiano» confinamiento español ha 
sido «uno de los más duros» recogió el grito de dolor de estos componentes, en particular los ligados al sector turístico que pesa por el 12% del PIB y por el 13% de la fuerza de trabajo a nivel nacional.
No es un elemento secundario: para la Comisión Europea, según informa El país, españa será uno de los países con la mayor caída del PIB (-9,4% en 2020) y entre los factores principales se indica «el peso de la industria turística», del que prevé una reducción a la mitad. Desde las páginas del diario liberal de Londres, la organización del sector de la restauración Hostelería de España, que representa más de 300 mil ejercicios por 1,7 millones de empleados y el 6,2% del PIB nacional, avisa que «la drástica restricción» del lockdown pueden «hacer caer al 30% de los bares y restaurantes, si no llegan las ayudas del Estado». 

Existe una base amplia de la protesta tras la cual, como fue el caso de las tractoradas de los agricultores, podemos ver también los intereses de algunos grandes grupos, como los gigantes del sector turístico Amadeus y Meliá, que figuran entre los primeros grupos españoles cotizantes en la Bolsa de Madrid, o grandes compañías aéreas, como la anglo-española IAG, los cuales utilizan las comunidades autónomas para negociar con el gobierno.