Ángeles Maestro / 9 septiembre 2021
A medida que pasa el tiempo, el necesario análisis retrospectivo de las políticas gubernamentales y de los grandes medios de comunicación va desvelando hechos que difícilmente se corresponden con objetivos de protección de la salud de las poblaciones frente a la nueva pandemia.
Los interrogantes son muchos y como veremos, salvo algunas excepciones, las líneas generales aplicadas por los gobiernos y las corporaciones mediáticas «occidentales» (léase la UE y Estados Unidos) no difieren en lo sustancial. Por ello, aunque me refiera preferentemente al Estado español, no cabe pensar que sean el fruto particular de gobernantes inexpertos, sin que ello exima al Ejecutivo PSOE – Podemos de responsabilidad por sus acciones, u omisiones, en el tratamiento de la crisis Covid.
La memoria es débil y quizás alguien no recuerde cómo desde el Gobierno central se escenificó y se ejecutó la militarización del miedo, con el imprescindible concurso de todos los grandes medios de comunicación. Obviamente, se trataba de crear una situación de pánico y de confusión que permitiera imponer medidas inadmisibles en circunstancias normales.
Tan impactante «recurso informativo» fue retirado cuando el General de Brigada de la Guardia Civil, Santiago Marín, cometió la imprudencia de declarar que se le había encargado «investigar y minimizar el clima social contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”.
La indiscreción del General que, en su momento, desató ruidosas críticas, fue una muestra precoz del tratamiento informativo de la pandemia, como veremos más adelante. Dos meses más tarde, el citado General fue ascendido a Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
1. Un escenario de miedo, confusión e impotencia.
Se creó una sensación de catástrofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de letalidad de 0,8%. Junto a la persecución policial de quienes se atrevían a salir a la calle si no era para trabajar, contribuyeron decisivamente a la extensión del pánico las terribles imágenes de miles de personas mayores muertas en situación de total abandono en residencias de mayores o solas en sus casas. Si bien la causa inmediata de la muerte pudiera ser el Covid 19 no cabe duda de que a estas personas se les negó la asistencia sanitaria. Para decirlo con más claridad, por indicación de las consejerías de sanidad, se les impidió el acceso a los hospitales públicos y se les abocó a una muerte segura en completa soledad. Mientras tanto, los hospitales privados exhibían una situación de insultante normalidad y en ellos ingresaban personajes públicos y personas adineradas de todas las edades.
Las decenas de miles de muertes por denegación de asistencia sanitaria fueron el resultado de dos procesos, uno de ellos, estructural, y otro más inmediato.
Los hospitales públicos se encontraban en condiciones normales, anteriores a la pandemia, al borde del colapso debido a la insuficiencia progresiva de recursos de una sanidad pública que se viene desmantelando desde hace dos décadas por las consejerías de sanidad para favorecer el negocio privado.
Ante la insuficiencia desesperada de recursos sanitarios públicos y la evidencia de miles de muertes por falta de asistencia, ni el gobierno central, ni los autonómicos, intervinieron los hospitales privados, a pesar de que esta posibilidad estaba prevista en el artículo 13 del R. D. de Estado de Alarma.
El confinamiento, el bloqueo informativo y el impacto paralizante del miedo impidieron que estallase la reacción popular de indignación, que vivieron en solitario miles de familias de los barrios obreros. Si bien en las primeras semanas no se expresó en las calles la ira del pueblo contra los responsables de miles de muertes evitables, si hubieron, en pleno confinamiento, manifestaciones en los barrios burgueses sin que dieran lugar a represión policial alguna. Cuando en septiembre, ya finalizado el confinamiento, la juventud de los barrios obreros salió masivamente a denunciar las carencias de la sanidad pública y la asfixiante presencia policial en sus calles, «menos policía, más sanidad», los brutales apaleamientos y las detenciones volvieron a recordar a qué intereses responden loa aparatos del Estado.
Hasta ahora, han sido archivadas por la Fiscalía todas las denuncias presentadas por familiares de las personas muertas, por «homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica».
2. La autorización condicional de las vacunas para una situación de emergencia.
Con el escenario del miedo bien aderezado, se impone la vacuna como única solución. En agosto de 2020, antes de que se conociera resultado alguno de los ensayos clínicos en curso, Estados Unidos y la UE deciden comprar millones de dosis a las grandes multinacionales farmacéuticas. La UE, además, acuerda que sean los gobiernos los que hagan frente al pago de indemnizaciones por posibles reacciones adversas de las vacunas y se dispone a eximir a las farmacéuticas de toda responsabilidad civil.
Se estaba abonando el terreno para proceder a la inoculación masiva de millones de personas sanas con unos fármacos cuya composición no se había utilizado nunca previamente como vacuna, para tratar una enfermedad de baja letalidad general, y con un periodo de ensayos clínicos de pocos meses.
Lo inaudito de este proceso se entiende mejor si se compara con otros similares: el periodo de investigación de vacunas como la de la difteria o la poliomielitis, con una letalidad alta (hasta del 50% en el caso de la difteria), nunca fue inferior a cuatro años.
La culminación del proceso para la autorización de emergencia (en Estados Unidos) y condicional (en la UE) requería dos elementos imprescindibles e interconectados: convencer a la opinión pública de que no existía tratamiento alternativo y la neutralización de la creciente información que contradecía el discurso oficial.
